Los tres, junto al fiscal Ponce, son quienes presentaron la denuncia que acabó con la presidencia de Jorge Rodríguez en la Diputación de Valencia en junio de 2018.

Se da la circunstancia de que tanto Vera como Pellicer y Castellote, además de entrar a dedo en Imelsa, eran los responsables jurídicos y económico de la empresa que debían haber advertido de cualquier posible irregularidad en los contratos de alta dirección firmados en 2015.

En la causa queda acreditado que ninguno de los tres puso reparos a los contratos hasta tres años después, cuando, según las defensas, pensaron que iban ser despedidos de la empresa por haber cobrado nóminas vip en la etapa del Yonki del Dinero.

Tanto Pellicer como Vera y Castellote deberán aclarar ante el tribunal las razones que les llevaron a cambiar de postura y utilizar la figura de los contratos de alta dirección, que ellos mismos avalaron en 2015, para acusar en 2018 al Presidente de cometer presuntas irregularidades que ahora habrán de demostrar.

"El contrato de alta dirección es legal y está recogido en la legislación laboral y no es ningún delito utilizar esta figura", advierten las defensas, que insisten en que es la fiscalía y las acusaciones del PP y Acción Cívica las que deben demostrar que están mal y no al revés", sostienen.